Lima. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en su más reciente nota de políticas, titulada «El Niño 2026-2027 y el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe: una cadena causal desde el clima hasta el empleo y las instituciones laborales», que la consolidación de este fenómeno meteorológico generará consecuencias directas en la economía, con una caída generalizada de los ingresos, el deterioro de las condiciones de trabajo y un aumento en la informalidad laboral en la región.
Las alteraciones en los patrones de precipitación y el incremento de las temperaturas extremas afectarán cadenas productivas enteras, como la agricultura, la pesca, el turismo, la logística y la generación hidroeléctrica.
Sectores más vulnerables y efectos por subregiones
De acuerdo con el informe técnico del organismo internacional, las afectaciones variarán según la zona geográfica y la resiliencia de la infraestructura local:
Corredor Seco Centroamericano, Caribe y norte de Sudamérica:
El déficit hídrico, las sequías prolongadas y las olas de calor impactarán fuertemente cultivos clave como maíz, frijol, café y caña de azúcar. Esto provocará pérdidas de ingresos rurales, migración laboral forzada y riesgos de estrés térmico en trabajadores al aire libre. Costa del Pacífico Sur (Ecuador y Perú):
Las precipitaciones extremas e inundaciones proyectadas pueden ocasionar la destrucción de infraestructura vial y agrícola, así como el colapso de la actividad pesquera. La disminución drástica de ingresos en los hogares más vulnerables incrementa además el riesgo de trabajo infantil. Sudeste de Sudamérica:
Lluvias superiores al promedio y tormentas severas amenazan con interrumpir la producción agropecuaria, el transporte y la logística en zonas clave de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.
Llamado a la protección social y al diálogo institucional
El director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, Fabio Bertranou, enfatizó que la magnitud de los impactos dependerá de la capacidad de los gobiernos para anticipar los riesgos mediante instituciones laborales sólidas, la expansión de los sistemas de protección social y esquemas de diálogo social que resguarden a la población trabajadora informal y rural.