Washington. En una nueva acción ejecutiva de alto impacto político y jurídico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó decretos orientados a limitar y restringir la concesión automática de la ciudadanía estadounidense por nacimiento (jus soli), dirigida principalmente a los hijos de inmigrantes en situación irregular o con visados temporales de corta estancia.
La medida reabre un intenso debate constitucional y social en Estados Unidos, al poner en cuestionamiento la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la cual establece formalmente que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país de pleno derecho.
Alcance de la medida ejecutiva y principales disposiciones
Los decretos firmados por el mandatario establecen nuevos criterios administrativos para la emisión de documentos de identidad y pasaportes por parte de las agencias federales:
Restricción de estatus automático: La orden instruye a las agencias del Gobierno federal —incluido el Departamento de Estado y la Administración del Seguro Social— a no otorgar la ciudadanía ni emitir documentos oficiales a recién nacidos cuyos padres no posean la residencia permanente legal o la ciudadanía estadounidense.
Acreditación de estatus de los progenitores: Los nuevos protocolos requerirán que los padres presenten pruebas documentales de su estatus migratorio legal continuo en el momento del parto como requisito para el registro del menor.
Desincentivo a la migración irregular: Según los argumentos de la Casa Blanca, la medida busca desarticular el denominado «turismo de nacimiento» y frenar el flujo migratorio irregular mediante la eliminación de los incentivos asociados a la nacionalidad por nacimiento.
Impugnaciones legales y debate constitucional
La firma de estos órdenes ejecutivos ha generado un rechazo inmediato por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles y expertos constitucionalistas, quienes anticipan una rápida batalla en los tribunales federales:
Desafío a la Decimocuarta Enmienda: Diversas organizaciones (como la ACLU y grupos de defensa de los inmigrantes) argumentan que la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda no puede ser alterada mediante un decreto presidencial, requiriendo en su lugar una enmienda constitucional aprobada por el Congreso o una sentencia definitiva de la Corte Suprema.
Solicitudes de suspensión judicial: Se prevé que jueces federales emitan medidas cautelares y bloqueos temporales a la aplicación de la norma mientras los tribunales analizan la legalidad de la disposición.
