Tegucigalpa.
Su arribo se concreta tras la suspensión temporal de las órdenes de captura locales por parte del Poder Judicial, medida que le permite ingresar al territorio nacional para someterse voluntariamente a la justicia por cargos de fraude y lavado de activos en expedientes como Pandora II.
Un ambiente de extrema polarización social
La llegada de Hernández reaviva las posturas enfrentadas que han caracterizado el debate político en el país durante el último decenio:
Júbilo en las bases del Partido Nacional: Sectores afines al exmandatario organizaron caravanas de bienvenida y concentraciones, catalogando la medida de gracia como una reivindicación personal y celebrando su retorno como un acto de justicia familiar y política.
Indignación y rechazo en la sociedad civil: Organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos de víctimas de la crisis poselectoral de 2017 y movimientos anticorrupción consideran que su presencia reabre profundas heridas institucionales. Diversas plataformas han convocado a movilizaciones para exigir que no prevalezca la impunidad y que las cuentas pendientes con los tribunales locales sean juzgadas con imparcialidad.
La prueba de fuego para el sistema de justicia
A diferencia de su salida en 2022 bajo un proceso de extradición, el exjefe de Estado retorna con un beneficio legal que detuvo su condena federal en Estados Unidos, pero sin que ello implique una absolución jurídica o moral.
Juristas y analistas señalan que la capacidad del Ministerio Público y de los tribunales hondureños para procesar los expedientes pendientes contra el exgobernante de manera objetiva será una prueba decisiva para medir la independencia del Poder Judicial y la solidez del Estado de derecho en el país.
