TEGUCIGALPA. — En una firme acción orientada a salvaguardar los derechos territoriales y los bienes ambientales de los pueblos originarios del país, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó tres requerimientos fiscales contra ciudadanos acusados de cometer delitos de usurpación y explotación ilegal de recursos naturales dentro del territorio ancestral de la etnia Pech.
Las acciones judiciales se derivan de una serie de investigaciones técnicas y de campo coordinadas por el Ministerio Público, las cuales constataron la ejecución de actividades ilícitas que han causado un grave impacto ecológico y han vulnerado la seguridad jurídica de las comunidades indígenas en las zonas intervenidas.
Detalles de las acusaciones judiciales
Los requerimientos interpuestos ante los tribunales de la República responden a denuncias interpuestas por las propias autoridades tradicionales de los Consejos Tribales Pech, cansados de la invasión de sus tierras protegidas por títulos comunitarios históricos:
Usurpación de tierras ancestrales: Se acusa formalmente a personas particulares de ingresar de forma violenta o inconsulta a parcelas de tierra que forman parte del territorio Pech, procediendo a delimitar de manera ilegal propiedades privadas dentro del ejido comunitario.
Explotación ilegal de recursos: Las investigaciones detallan la tala indiscriminada de madera de color, la apertura de brechas de forma clandestina y la explotación de fuentes acuíferas sin los debidos planes de manejo ni la consulta previa, libre e informada que mandata el Convenio 169 de la OIT.
Daño ambiental agravado: Las actividades de desmonte y ganadería extensiva promovidas por los invasores han destruido zonas de recarga hídrica esenciales para el abastecimiento de agua y la subsistencia de las comunidades indígenas locales.
Blindaje a los derechos de los pueblos originarios
La Fiscalía de Etnias enfatizó que los títulos de propiedad comunitaria otorgados a los pueblos indígenas gozan de una protección especial bajo el bloque de constitucionalidad, por lo que cualquier ocupación o alteración de su entorno natural sin el consentimiento de la asamblea comunal constituye un delito flagrante.
⚖️ Justicia para las comunidades: Con la presentación de estos requerimientos fiscales, el Ministerio Público busca no solo deducir la responsabilidad penal correspondiente a los agresores ambientales, sino también lograr que los tribunales ordenen el desalojo inmediato de los usurpadores y la restauración de las zonas forestales degradadas para que sean devueltas a la administración de la etnia Pech.
