JACKSON. — Una nueva e histórica legislación en el estado de Mississippi ha facultado a la máxima agencia de seguridad pública estatal para recopilar y diseñar una lista detallada con las identidades de todos los inmigrantes que residen de forma indocumentada en el territorio.
El estatuto legal confiere un amplio margen de maniobra investigativa a las autoridades estatales, abriendo un debate complejo sobre el alcance de las políticas locales frente a las leyes migratorias federales de los Estados Unidos.
Los alcances del registro obligatorio
La normativa aprobada por la legislatura estatal estipula que el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi (DPS) "podrá utilizar todos los medios de investigación legales y razonables disponibles" con el propósito específico de determinar la cantidad exacta y el perfil de los extranjeros sin estatus legal en el estado.
Los datos que la agencia está autorizada a recabar de manera continua durante los próximos dos años incluyen:
Identificación biográfica: Nombres completos, direcciones residenciales exactas y país de origen.
Segmentación de edad: Registro explícito sobre si la persona catalogada es un adulto o un menor de edad.
Historial legal y judicial: Compilación minuciosa de los antecedentes penales del individuo, así como el registro del estado actual, fecha y sede de cualquier proceso de deportación en curso o previo.
La ley ordena además que el departamento comparta la información de las personas sospechosas de infringir las leyes con las autoridades estatales y locales.
El argumento promotor: "Entender la magnitud del problema"
Desde el sector oficialista, la senadora republicana por el estado y patrocinadora de la medida, Angela Hill, defendió firmemente la ley argumentando que los estados tienen el derecho y la obligación constitucional de coadyuvar con el gobierno federal en el control de las fronteras y en el combate a los ilícitos asociados a la migración irregular, como el tráfico de drogas y de personas.
🗣️ “Esto me parece de sentido común. Para abordar los problemas causados por la inmigración ilegal, primero necesitamos comprender la magnitud real del problema. Identificar el número y la identidad de los extranjeros ilegales en Mississippi es una vía concreta para lograrlo”, puntualizó la legisladora.
Defensores alertan sobre acoso, discriminación y desconfianza
En la acera opuesta, activistas, abogados civiles y defensores de los derechos humanos sostienen que la creación de un registro de esta índole es prácticamente "inviable" en la práctica debido a la naturaleza sumamente cambiante del estatus migratorio de una persona, además de tildar la medida como un peligroso precedente de persecución comunitaria.
El fantasma del perfilamiento: Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Mississippi e iniciativas locales advierten que este mandato invita directamente al perfilamiento racial y a convertir a comunidades enteras de trabajadores en blancos fáciles de persecución y hostigamiento.
Ruina de la confianza policial: Defensores de la comunidad migrante señalan que la ley dinamitará la confianza entre los residentes extranjeros y la policía local, provocando que las víctimas de delitos o testigos de crímenes se rehúsen a denunciar o cooperar con las autoridades por miedo a que sus datos terminen inscritos en la lista estatal.
Efecto con planes de deportación: Los defensores temen que esta base de datos se transforme en una herramienta táctica inmediata que se alinee con las políticas del Gobierno Federal en Washington para agilizar operativos de expulsión a gran escala, afectando de forma directa la estabilidad laboral y social del estado.
