MADRID. — En una resolución que ha generado una enorme sacudida en el tablero político de España, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, ordenó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Como parte de esta decisión, el juez ha impuesto severas medidas cautelares de naturaleza personal que incluyen la prohibición inmediata de salir del territorio nacional y la retirada de su pasaporte, al estimar que existe un riesgo de fuga fundamentado ante la gravedad de las penas que podría afrontar.
Los cuatro delitos que la llevan al banquillo
Tras concluir la etapa de investigación e instrucción penal que se extendió por cerca de dos años, el juez instructor determinó que existen indicios provisionales suficientes para sentar a Gómez en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de cuatro delitos principales:
Tráfico de influencias: Relacionado con el presunto uso de su estatus para favorecer la adjudicación de contratos y patrocinios a empresas afines.
Corrupción en los negocios (sector privado): Vinculado a sus gestiones y relaciones con el sector empresarial en el marco de sus actividades académicas.
Apropiación indebida: Por el aparente desvío para uso o interés propio del software tecnológico desarrollado para la cátedra universitaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Malversación de caudales públicos: Cargo derivado de la supuesta utilización de recursos públicos ajenos a sus funciones legítimas.
La causa penal también involucra de forma directa a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, quien enfrenta cargos idénticos por presuntamente destinar tiempo laboral retribuido por la Presidencia del Gobierno a tareas privadas de la cátedra,
El debate por el "riesgo de fuga" y las medidas cautelares
La decisión del juez Peinado de ordenar el arraigo de Gómez y obligarla a comparecer de forma quincenal ante el juzgado ha despertado una intensa controversia jurídica y política.
Sin embargo, el magistrado acogió la petición formulada por las acusaciones populares (lideradas por organizaciones como Hazte Oír y Manos Limpias).
Reacciones políticas y estrategia de la defensa
Mientras que los partidos de la oposición parlamentaria (como Vox y el Partido Popular) han calificado las medidas como una ratificación de la gravedad del caso,
Recurso en marcha: El equipo legal de Begoña Gómez ya anunció que recurrirá de inmediato la retirada del pasaporte y las restricciones de movilidad por considerarlas desproporcionadas y carentes de base fáctica real.
Cabe destacar que, por ley, la apertura del juicio oral como tal no es apelable. Ofensiva contra el juez: El PSOE elevó la presión sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) exigiendo que se abra un expediente sancionador contra el juez Peinado,
acusándolo de utilizar el proceso judicial de forma arbitraria para "marcar los tiempos políticos y mediáticos" en detrimento de las garantías de la defensa.
Con la instrucción oficialmente cerrada, la causa se encamina ahora hacia la designación del tribunal —que operará bajo la modalidad de jurado popular— que dictará la sentencia definitiva sobre un caso que mantiene en vilo al Gobierno central.
En este vídeo se ofrece un análisis televisivo detallado sobre la comparecencia y el debate judicial en torno a las acusaciones populares que solicitaron las medidas de control y retirada de pasaporte por riesgo de fuga.
