WASHINGTON. — En un fallo de trascendencia histórica para el ordenamiento constitucional y el sistema de inmigración de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia rechazó de forma contundente los intentos del Poder Ejecutivo por limitar la ciudadanía automática por nacimiento.
Con esta resolución definitiva en el caso Trump v. Barbara, la alta corte ratifica la vigencia plena de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, garantizando que cualquier persona nacida en el territorio estadounidense —independientemente del estatus migratorio o de la nacionalidad de sus padres— posee el derecho inalienable a la ciudadanía estadounidense.
El fundamento jurídico: El peso de la 14ª Enmienda
El dictamen por mayoría fue redactado por el presidente del tribunal, el juez John Roberts, a quien se unieron las juezas liberales Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, así como los magistrados conservadores de designación republicana, Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh.
En los argumentos principales del fallo, el juez Roberts invocó los precedentes históricos del tribunal, citando textualmente el emblemático caso de 1898 (Estados Unidos v. Wong Kim Ark):
⚖️ “Los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están 'sujetos a la jurisdicción' de los Estados Unidos y son ciudadanos al nacer en virtud de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
No vemos ninguna razón válida para apartarnos de esa visión el día de hoy”, reza la opinión mayoritaria.
El fallo ratificó que un mandatario no puede reformar la Carta Magna ni redefinir los derechos de pertenencia nacional mediante la vía del decreto o la acción ejecutiva unilateral.
Una disidencia férrea y la reacción de la Casa Blanca
Por el contrario, el bloque disidente estuvo encabezado por los magistrados más conservadores de la corte: Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch.
Por su parte, el presidente Donald Trump no tardó en manifestar su enérgico rechazo al fallo judicial a través de sus plataformas oficiales de comunicación:
Postura del Ejecutivo: Calificó la resolución de la corte como una decisión perjudicial para el interés nacional.
Ruta legislativa: El mandatario estadounidense adelantó que su gobierno buscará trasladar esta batalla legal al terreno parlamentario, intentando promover reformas o normativas a través del Congreso de los Estados Unidos.
No obstante, expertos y académicos en derecho constitucional ya anticipan que cualquier ley que intente menoscabar la ciudadanía por suelo correría la misma suerte de ser anulada por los tribunales.
