La relación entre los países de América Latina y la Corte Penal Internacional (CPI) —normada por el Estatuto de Roma— atraviesa una etapa de reevaluación geopolítica. El anuncio formal del retiro de Venezuela en 2026, sumado a las discusiones internas en otros países de la región sobre la efectividad e imparcialidad del tribunal de La Haya, ha reabierto el debate sobre la vigencia del sistema penal internacional en el continente.
Factores tras la tensión entre la CPI y los gobiernos regionales
El enfriamiento del apoyo hacia el tribunal multilateral responde a dinámicas políticas, jurídicas y de soberanía nacional:
Invocación de soberanía y principio de complementariedad: Sectores críticos argumentan que la CPI debe actuar de forma estrictamente subsidiaria, señalando que las investigaciones internacionales interfieren con las facultades de los sistemas judiciales locales para juzgar procesos internos.
Percepción de sesgo en la agenda judicial: Diversos gobiernos han cuestionado la distribución geográfica y política de los expedientes del tribunal, señalando la concentración de investigaciones en ciertos bloques o regiones mientras se retrasan causas en otras latitudes.
Impacto de las decisiones de retiro: La salida formal de Venezuela sienta un antecedente directo de desvinculación jurídica del Estatuto de Roma en Sudamérica, impulsando debates similares entre corrientes políticas en países vecinos como Colombia.
Panorama de la membresía en la región
A pesar de las tensiones recientes con administraciones particulares, América Latina ha sido históricamente un bloque clave para el funcionamiento del Estatuto de Roma:
| Postura institucional | Países de la región |
| Proceso de desvinculación / Retiro | Venezuela (anuncio de salida del Estatuto de Roma) |
| Debate interno / Reevaluación | Colombia (sectores políticos analizan el impacto de las investigaciones de la CPI sobre la jurisdicción especial de paz) |
| Respaldo irrestricto y permanencia | Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Perú, entre otros. |
Desafíos para la efectividad del Estatuto de Roma
La posibilidad de que una corriente de retiro se extienda en la región depende de la capacidad del tribunal para demostrar imparcialidad técnica, agilizar los tiempos de instrucción procesal y afianzar los canales de cooperación con los poderes judiciales nacionales sin suplantar la soberanía territorial.
