La idea de reformar al Poder Judicial Federal ingresó al discurso de López Obrador a partir de que Arturo Zaldívar renunció de manera anticipada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Antes, sus pares se opusieron a que su nombramiento se extendiera dos años más.
La ministra Norma Piña fue nombrada en sustitución de Zaldívar. Desde ese momento el Poder Judicial, en particular los ministros, magistrados y jueces entraron en la retórica presidencial a la categoría de corruptos, palabra mágica con la que condena a los “indeseables” que “enfrenta” su gobierno. El segundo paso fue afirmar que el Poder Judicial estaba podrido y que había que llevar a cabo una profunda reforma, en la que el pueblo decidiera con su voto quiénes deberían de impartir justicia en México.
Desde el 15 de noviembre de 2023, fecha en la que Arturo Zaldívar renunció a ser ministro y hasta que ganó la presidencia Claudia Sheinbaum, pasaron siete meses. Morena con López Obrador al frente precipitaron su determinación de continuar con el proyecto de 20 reformas constitucionales que presentó en febrero, entre las que se encuentra la reforma del Poder Judicial.
En siete meses 41 juristas, economistas y politólogos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en cumplimiento del objetivo de la Universidad de servir a la sociedad, produjeron el libro “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”. Fue publicado el 13 de junio.
El libro publicado por la UNAM presenta la compilación de análisis realizados por los investigadores a las modificaciones a la Constitución que propuso el presidente López Obrador.
Plantea las implicaciones que traerá la reforma al Poder Judicial. Desde la elección popular del Poder Judicial, la creación de un órgano disciplinario, reducción del número de ministros y los años de sus mandatos, Además, prohibir la cancelación de normas generales en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo.
En el libro algunos investigadores del IIJ hicieron comentarios sobre las propuestas de López Obrador.
Los investigadores César Iván Astudillo y Javier Martín Reyes destacan en el capítulo 11 los aspectos negativos de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros la califican de regresiva. Consideran que, de aprobarse, sería un “daño mayúsculo”. La independencia judicial se vería comprometida.
“Lo que en realidad quiere la iniciativa presidencial es que a la Suprema Corte y al resto de los órganos jurisdiccionales sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”. (El Universal, 17 de junio de 2024)
Los académicos advierten en su libro que de ser aprobadas las reformas, el poder se concentraría en la presidencia de la república, lo que, de facto, pondría atentar en contra de la división y autonomía de los poderes federales.
Ni el libro ni los comentarios fueron del agrado de López Obrador que, desde su mañanera criticó la postura IIJ de la UNAM, sobre la Reforma al Poder Judicial.
“Son predecibles, pero les diría: ¿Qué se tienen que meter?, salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas”. Agregó que las universidades deben invitar y escuchar a todos, no solo a los expertos, es donde debe darse el debate, el análisis sobre la realidad para transformarla.
La expresión de López Obrador “salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos” generó la reacción de las autoridades universitarias. Desde las redes sociales se deslindaron del estudio del IIJ. Afirmaron que el documento sobre las 20 iniciativas de López Obrador “de ninguna manera representa el posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad. En todo caso, los textos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. La UNAM convocará en su momento a diversos foros académicos donde podrá darse una discusión abierta y plural”. (El Financiero, 18 de junio de 2024)
En su calidad de coautor del libro, ante el deslinde de las autoridades universitarias, el investigador Diego Valadés comentó: “Mientras México sea un Estado constitucional democrático, todos los ciudadanos tendremos derecho de opinar acerca de los asuntos públicos. Las libertades naufragan cuando los ciudadanos renuncian a ejercer sus derechos”.
